La gestión de áreas forestales en África del Sur: riesgos, experiencias y recomendaciones
Aideen Kennedy Gil y Gabriela Pis San Juan
Colaboradoras de la Cátedra Unesco, Universidad Rey Juan Carlos
"La conservación de la naturaleza, por supuesto, es una forma de gestión de los recursos naturales. Dejar que la naturaleza siga su curso en las áreas protegidas no puede funcionar como método de conservación de la naturaleza en Sudáfrica o en cualquier otro lugar, porque la naturaleza en estas zonas siempre está confinada y limitada por los usos que los humanos hacen de los recursos. Por lo tanto, la naturaleza en áreas protegidas siempre debe ser administrada, con el fin de optimizar la conservación de la biodiversidad dentro de estos límites artificiales" (Turner, 2000: 173)
Introducción
Desde hace años, los académicos debaten sobre la compatibilidad entre la conservación de la biodiversidad y los espacios naturales, por un lado, y las formas de vida de las comunidades rurales locales, por otro. Los países que cuentan con espacios naturales intentan abordar este tema cada vez con mayor interés, pero muchas veces, y debido a muchos factores, no son capaces de analizar la verdadera realidad de las poblaciones que habitan estas áreas.
En la realidad africana, desde hace décadas se ha visto un aumento de la creación de parques y reservas naturales dedicadas a la protección de las especies, mayoritariamente en las áreas forestales. Aunque son varios los autores que han alertado sobre la necesidad de tener en cuenta las comunidades que habitan estos espacios, la práctica ha supuesto, en numerosas ocasiones, el perjuicio de los modos de vida rurales locales, así como la restricción del acceso a los recursos de estas poblaciones, que los utilizan como base de su propio sustento.
La gestión de éstas áreas ha sido también otro de los puntos más problemáticos a la hora de abordar esta cuestión. A menudo ha supuesto la centralización estatal, y la consecuente expulsión de estas poblaciones. Las políticas de gestión generalistas e ineficaces que se han llevado a cabo, unidas al cada vez mayor interés que suscitan estos espacios entre estados y empresas privadas extractivas, han causado grandes daños tanto a la biodiversidad como a las comunidades que pretendían proteger.
La importancia de las áreas forestales en África subsahariana
Gran parte de la población africana vive en el mundo rural. Además de hacer de estos espacios su hábitat, son muchas las comunidades que desarrollan su vida en torno a los recursos que les ofrece la naturaleza, dependiendo de la misma debido al sistema de subsistencia al que están sometidas. Cada comunidad tiene claras las delimitaciones de sus territorios, y ello hace que también tengan que cumplir una serie de deberes, y que puedan gozar de ciertos derechos. El principal deber es conservar la zona de acuerdo a los recursos de los que dispone, por razones tanto materiales como espirituales. Los derechos consisten en que toda la comunidad puede usar los diferentes recursos: madera de los bosques, minerales, alimento para los animales y las personas, caza y pesca o fuentes hidrológicas. En general, el acceso a la tierra es libre para todos los miembros de la comunidad, pero está regulado por el “jefe de familia”, y en el caso de las mujeres a menudo está mediatizado por un hombre.
Todo este sistema tradicional e informal del mundo rural fue estable hasta la colonización. Fue entonces cuando comenzaron a buscarse zonas de mayor concentración de agua para crear mayores cultivos, y se obligó a los hombres a acudir como mano de obra. Este periodo provocó, pues, la ruptura con el anterior sistema: se intentó introducir la maximización de los beneficios y apareció el concepto occidental de propiedad de la tierra.
La creciente preocupación por la defensa del medioambiente ha impulsado en las últimas décadas la creación de iniciativas de conservación. A menudo, las directrices y pautas que han marcado el camino a seguir, han supuesto una amenaza para los 240 millones de personas que viven en áreas forestales1.
Los países subsaharianos, sobre todo aquellos situados en el cono sur, que son especialmente ricos en recursos naturales, se enfrentan a dos problemas comunes que además suelen estar interrelacionados: la pobreza y la conservación de los bosques. En muchos de estos países, la pobreza rural y los bosques naturales suelen compartir espacios, aunque existen muchas áreas de pobreza crónica sin bosques, y algunos bosques sin pobreza crónica. No obstante, existe un gran número de personas pobres que vive en áreas forestales, y existe una correlación entre la pobreza crónica y las áreas restantes de bosque natural.
La mayoría de los hogares de las comunidades rurales obtienen al menos un beneficio de los recursos del bosque, ya sea directa o indirectamente. Además, constituyen una red de seguridad, sobre todo en zonas azotadas por la sequía, ya que su uso contribuye a disminuir el riesgo que supone, por ejemplo, depender del desarrollo de la ganadería. Además, permiten la diversificación y reducen el gasto gracias a su autoconsumo.
Las personas dependientes del bosque se dividen en tres categorías generales, aunque esta clasificación no sea rígida ni estática: minorías indígenas que viven en sus tierras ancestrales, gente que lleva mucho tiempo viviendo en zonas forestales pero no son considerados indígenas, y personas que se han visto obligadas a desplazarse a los bosques debido al rápido cambio social moderno. Estas personas dependientes de los recursos del bosque, que viven en él o cerca, tienden a ser débiles políticamente por dos razones fundamentales: en primer lugar, la distancia que los separa de las zonas urbanas, donde se toman las decisiones sobre su hábitat; en segundo lugar, la restricción en torno al acceso a estos espacios a las que se ven forzadas, ya sea por la privatización de las tierras o por la creación de reservas naturales protegidas, que también suponen la privación de todos los recursos que contienen. Es esta población pobre y marginada, constituida sobre todo por mujeres cabeza de familia, jóvenes desempleados, y población excluida, la más dependiente de estos recursos, que son usados a nivel doméstico con el fin de generar ingresos.
Además de ser el principal sustento para la supervivencia de muchas familias, los recursos forestales son en algunos casos el principal pilar de la economía de los hogares. Los múltiples usos que hacen del bosque las hacen dependientes del mismo, lo cual también influye en su supervivencia.
La madera es uno de los recursos más preciados, sobre todo en el circuito comercial mundial, pero no es siempre el más utilizado por las comunidades locales. Existen otros recursos muy importantes, que son los denominados “productos del bosque no-madereros”2, de donde proviene el principal ingreso para muchos hogares, e ingresos suplementarios para otros. Sin embargo, sus usos dependen de condiciones locales y externas como la dotación de recursos, la disponibilidad de sustitutos, los precios locales, la posibilidad de realizar la recolecta, o la proximidad a centros y mercados urbanos y el nivel educativo, entre otros.
Destacan sobre todo los alimentos como las espinacas salvajes, los insectos comestibles, la miel y los frutos salvajes, que son especialmente importantes en épocas de emergencia. También el combustible, los remedios medicinales o materiales de construcción. Su valor dentro del consumo directo de las comunidades ha sido frecuentemente obviado. Esto, unido a la subestimación del valor latente de la producción del cultivo y el ganado, ha minado el deseado desarrollo de muchas poblaciones rurales.
Además de los usos ya citados, existen otros de valor no tangible que suponen la esencia cultural de las comunidades. Se trata de su concepción y utilización como lugar sagrado, donde se llevan a cabo diferentes celebraciones y rituales. Aunque se desconocen los orígenes de estas prácticas, son considerados lugares sagrados por la creencia de que allí residen espíritus ancestrales, o por la sacralización de los animales y plantas que lo habitan. También han servido como lugar de enterramiento para ciertos grupos. Un lugar cultural es muy importante para las comunidades locales. Allí está prohibida la recolección de plantas medicinales, la extracción de madera o la caza; y está rodeado de mitos, presagios y tabús en torno al uso de muchos animales y plantas totémicas. Aquí, los fenómenos naturales como las sequías, los rayos o las epidemias son interpretados como un enfado de los dioses ante las transgresiones de algunos códigos de conducta como la recolección no permitida, que también conlleva sanciones políticas y/o religiosas.
Se ha documentado poco acerca de los numerosos usos y beneficios que se derivan de las extensiones forestales, además de haberse prestado poca atención pública. Ya que muchos de los productos y recursos que oferta se usan al margen del comercio moderno y son consumidos, principalmente, por las poblaciones rurales pobres para subsistir, han tendido a ser ignorados y a pasar desapercibidos, haciéndolos económica y políticamente invisibles. En contraste, los bosques artificiales han sido bien publicitados y son institucionalmente visibles, por lo que sí reciben esa atención.
La extensión de estas áreas, así como los usos que se hacen de sus recursos, han cambiado con el paso del tiempo debido a factores como la evolución de las formas de vida, anteriormente basadas en la caza y la recolección y actualmente mucho más dependientes de la agricultura sedentaria. Esto ha perjudicado a esas poblaciones dependientes, debido al deterioro de los recursos.
Además del sedentarismo, existen varios factores que han contribuido a ello, como el crecimiento de la población y el aumento de la demanda del mercado. El aumento del valor económico y la comercialización de los recursos han supuesto un duro impacto sobre las personas y las áreas forestales, ya que ha conllevado su sobreexplotación, aumentado la presión a la que están sometidos. Esta explotación ha estado condicionada por el valor que se les ha otorgado en función de su demanda, por lo que no ha sido estático y ha fluctuado en función de las modas de demanda, minando cualquier consideración en torno a la sostenibilidad ecológica. Uno de los bienes que más ha experimentado este fenómeno ha sido la madera, que hoy en día genera vastas sumas en su comercialización, dirigida a mercados de consumo especializados. Pero las ganancias de este comercio apenas llegan a los habitantes de las áreas forestales, ya que las leyes excluyen normalmente a los pobres del acceso a los recursos más valiosos, y que se encuentran fuera del ciclo extractivo debido a la falta de habilidades y capital.
En muchos casos, ha existido también un factor social que ha contribuido a obstaculizar posibles soluciones al problema de la conservación de la naturaleza por parte de las comunidades habitantes: la erosión de la estructura tradicional, en particular la ausencia de un jefe local que antes se encargaba de la gerencia de los recursos comunes, en detrimento de la democratización y la institución de gobiernos locales elegidos. La desaparición de esta autoridad ha derivado en un sistema de acceso abierto a los recursos, que ha aumentado la presión sobre éstos al intentar obtener el máximo beneficio en el menor tiempo posible.
Los cambios y la evolución política y religiosa han erosionado también las formas tradicionales de conservación del bosque. Muchos autores apuntan que en África, el Cristianismo y el Islam han sido dos grandes fuerzas de cambio, así como la privatización y centralización de la gestión de áreas forestales. En la práctica, eso ha incidido en todos los aspectos de la vida comunitaria local. Además de en lo que respecta a su alimentación, estas poblaciones se han visto afectadas culturalmente al tener dificultades en cuanto al acceso a los bosques y áreas utilizados con fines sagrados. Además de las restricciones legales a las que muchas veces se enfrentan, tienen que afrontar una transición cultural que viene de la mano de la invasión de las tradiciones y la religión occidentales y que dificulta la supervivencia de religiones y creencias locales.
El intento de ponerle freno a la desaparición de éstas áreas, y la apuesta por el cuidado del medio ambiente hizo que este tema pasase a ser prioritario en las agendas de los gobiernos de muchos países africanos, que comenzaron a promover políticas de creación de espacios protegidos que se materializarían en reservas y parques naturales.
La asimetría existente entre las organizaciones internacionales que luchan por la conservación del medio ambiente y la inexistencia de instituciones para proteger los derechos e intereses de las comunidades locales rurales hizo que la creación de parques naturales fuera una realidad, mientras que las garantías formales para el desplazamiento y reasentamiento de las poblaciones expulsadas de los parques no se implementara. Esto supuso, en numerosas ocasiones, el apropiamiento de la tierra por parte del Estado o agentes privados, así como la prohibición de acceso para los habitantes autóctonos. En muchos casos, también, un desajuste en el hábitat natural de muchas especies animales salvajes, que comenzarían a buscar alimento fuera de estas áreas, destrozando la producción de cultivo y ganado de muchas poblaciones.
En la actualidad, las reservas naturales son muy atractivas para el turismo, un sector muy destacado en Seychelles, Mauricio, Botsuana, Cabo Verde y Suráfrica. Son zonas bastante desarrolladas, no sólo por el turismo, sino por la combinación de éste con otras actividades. La propaganda del turismo de las reservas naturales ha creado una imagen de apoyo hacia estos lugares por la preservación de las especies. Sin embargo, nadie habla de las personas desplazadas por su creación y de los recursos a los que se les niega el acceso. Este nuevo tipo de turismo se asocia con el lujo, pero nunca establece conexiones con la cultura propia del lugar. La desconexión cultural es total en ambos sentidos.
Michael M. Cernea3 desarrolló a mediados de la década de los noventa un modelo conceptual sobre los riesgos del empobrecimiento intrínseco en los procesos de reasentamiento forzado de poblaciones, llamado “riesgos de empobrecimiento y reconstrucción” (IRR), que logró desvelar la interdependencia intrínseca entre los desplazamientos y el empobrecimiento. Así pues, el autor diferenció ocho riesgos integrados a la naturaleza de los desplazamientos forzados a los que son obligados las poblaciones rurales cuando se crean espacios protegidos que corresponden a las zonas naturales que habitan: pérdida de tierra y de trabajo, pérdida de hogar por los desplazados, marginación, inseguridad alimentaria, aumento de la mortalidad y la enfermedad, pérdida del acceso a propiedades comunes y desarticulación social.
La pérdida de la tierra conlleva la imposibilidad de cazar, recolectar o cultivar. Los desplazados son muy vulnerables a los cambios en el acceso a la tierra, pues generan el 67% de sus ingresos totales de la caza y la recolecta. Mientras que los estándares internacionales exigen que estas comunidades sean asistidas para lograr sus niveles de predesplazamiento, en la práctica estas directrices son olvidadas, así como la necesidad de crear programas de entrenamiento de larga duración para ayudarles a reconstruir sus modestos medios de vida.
La pérdida de hogar también es una consecuencia grave, porque también implica la desaparición de su hábitat cultural reconocido. Por otro lado, también conlleva un drástico empeoramiento de la situación sanitaria. El incremento de la mortalidad y la enfermedad es una realidad en las comunidades reasentadas, pues aunque suelen ser reubicadas cerca de servicios de salud, no tienen capacidad adquisitiva para costear dichos servicios médicos. Los peligros de marginación vienen de la mano de la alienación que estas comunidades pueden sufrir si son muy diferentes a nivel cultural de las comunidades que les acogen, de quien además pasarán a depender económicamente. Si su integración en éstas no es exitosa, traerá desarticulación social, lo que llevará a que se conviertan en más pobres, más vulnerables e incluso indigentes.
La inseguridad alimentaria es otro de los factores clave, ya que estas poblaciones son obligadas a abandonar la recolecta y la caza, actividades que aún así siguen llevando a cabo de manera ilegal e insostenible. La pérdida de acceso a las propiedades comunes supone el empobrecimiento de las comunidades desplazadas, que además de ser privadas de los recursos naturales sufren de-capitalización.
Además de las consecuencias sociales, los desplazamientos forzados conllevan riesgos para la biodiversidad, teniendo impactos ambientales irreversibles a largo plazo. El hecho de que estos cazadores-recolectores se conviertan en agricultores tiene impactos muy negativos relacionados con el uso insostenible de los recursos fuera de las áreas protegidas debido a una mayor presión sobre los recursos naturales en áreas que ya estaban degradadas a causa de la sobrepoblación.
Gestión de las áreas forestales
Las comunidades rurales hacen mucho uso de los recursos naturales provenientes del bosque. Normalmente, aplican regímenes de propiedad comunal en los que todos pueden usar los recursos pero nadie se siente obligado a gestionarlos. Los gobiernos ostentan los segundos derechos más importantes en cuanto a la intervención y/o tenencia para poder promover la gestión de los recursos comunitarios, pero tienden a invertir más esfuerzos en promover las plantaciones o parcelas de árboles exóticos.
En algunos países, particularmente en Botsuana, Namibia y Suráfrica, las áreas forestales están situadas en los márgenes de grandes extensiones secas, y han sido valladas y son oficial y prácticamente privadas. Cuando son gestionadas, es generalmente para convertirlas en áreas protegidas, reservas forestales o parques nacionales propiedad del Estado, en cuya gestión en principio no interviene la comunidad local, que sólo sufre las consecuencias de su creación.
Los últimos debates en la materia destacan algunos factores políticos en torno a la gestión de estos espacios que no sólo buscan el apoyo a las poblaciones locales sino que también buscan estrategias integrales que ayuden a la paliación de la pobreza en la que están inmersas, como la descentralización de la autoridad y el control de los recursos, que se están llevando a cabo en algunos países en desarrollo. En los últimos tiempos, han emergido también una serie de teorías que aseguran que el desarrollo económico y conservación de los bosques son objetivos compatibles, y que únicamente a través de ese desarrollo se podrá hacer frente a los problemas de pobreza en las áreas forestales. Pero no se puede asumir que el desarrollo económico por sí mismo vaya a traer soluciones a estas cuestiones.
Si en realidad una fracción importante de la población pobre del mundo vive y depende de los bosques, esto debe obligar a un cambio de rumbo en las estrategias de reducción de la pobreza. El olvido de los recursos forestales por parte de las políticas de lucha contra la pobreza puede ser negligente. Por otro lado, es crucial distinguir entre el uso que se hace de los recursos forestales, pues puede prevenir que aumente la pobreza de las personas que viven en el mundo rural, y servir como catalizador para el alivio de la pobreza de manera duradera.
Los orígenes del modelo de descentralización y cogestión se remontan a la década de 1970, cuando comienza el auge de estas iniciativas asociadas a perspectivas participativas en el continente africano, después de que las políticas económicas impuestas en África llevaran a la idea del “empoderamiento de las comunidades” como solución. La tendencia a repartir responsabilidades y beneficios de la conservación natural entre el estado y las estructuras locales se vio plasmada en los modelos de co-gestión adoptados en los últimos años del siglo XX. Así, las ideas descentralizadoras se asociaron al buen gobierno y el alivio de la pobreza a través del empoderamiento.
Años después de su implementación, se ha observado que esta descentralización no ha sido siempre efectiva, y que muchas veces ha dado pie a políticas carentes de información adecuada o de análisis profesional, basadas en los intereses de élites locales, por encima de los intereses de las minorías. Ello ha tenido efectos muy adversos sobres las comunidades y sobre las áreas forestales.
Algunas experiencias de descentralización han resultado un fracaso o han sido pervertidas. El incremento de la inversión extranjera en las tierras y recursos africanos ha sido uno de los factores más importantes en relación a este fracaso, pero hay otros, tanto internos como externos, que también han influido en el devenir de la aplicación de este modelo.
En el plano internacional, la apuesta de los donantes por las políticas económicas neoliberales ha llevado a un límite borroso entre descentralización y privatización, y el rol de las ONG también ha sido cuestionado por la imposición de soluciones exógenas y la creación de proyectos a corto plazo. A nivel interno, los gobiernos han fallado en muchas cosas, pero la esencial ha sido la insuficiente comprensión de los problemas y realidades específicas de las poblaciones locales, lo que a su vez ha derivado en una desconfianza de éstas hacia el estado.
Dentro de las comunidades, en el seno de la gestión comunitaria y descentralizada, el principal obstáculo han sido las desigualdades intracomunales referidas al poder y el acceso a los recursos, que tienen en cuenta factores como el sexo, la etnia, o la edad. Además, los conflictos de autoridad generados al elegir un portavoz o líder local en el intento de crear unas instituciones más representativas, como la creación de sistemas jerárquicos y de control similares a las relaciones coloniales.
La experiencia de la gestión compartida en Suráfrica
Suráfrica fue uno de los países que optó por un modelo de gestión compartida o cogestión que incluyera a las comunidades locales en la administración de los espacios naturales protegidos, con el fin de lograr la integración del alivio de la pobreza con la conservación de la biodiversidad.
En su aplicación, ha tenido diferentes enfoques. Hay parques que son propiedad de los terratenientes locales; otros que se gestionan a través de acuerdos entre las agencias de conservación y representantes de las personas que viven en o cerca de las áreas protegidas; y otros en los que están involucrados terratenientes y autoridades de conservación para desarrollar el negocio de la conservación y el ecoturismo.
Sin embargo, sus experiencias se han visto, en numerosas ocasiones, sometidas al fracaso por diversos motivos, lo que sumado a la escasa extensión de las áreas forestales en el país ha supuesto gran presión sobre los recursos. Entre las razones que explican su malogro, se encuentra la falta de efectividad de las autoridades estatales. Además, el modelo aplicado no ha incluido un énfasis en los derechos y la participación local como estrategia de alivio de la pobreza, ya que ha contado con comunidades que en la realidad son pobres y están políticamente marginadas.
Otra razón importante que explica el poco éxito de estas iniciativas son los numerosos factores que no fueron tenidos en cuenta antes de diseñar la estrategia. En primer lugar, no se realizó un análisis correcto en cuanto a la identificación de la verdadera administración local. La llegada de la democracia propició un cambio en el rol de las autoridades tradicionales que a día de hoy no se ha clarificado, por lo que las estructuras de gobierno local se encuentran en cambio constante. A esto hay que añadir que los habitantes de las áreas forestales continúan estando económica, política y socialmente marginados. En la mayoría de lugares, su capacidad para interactuar con las agencias de conservación natural o con el sector privado ha sido mínima, lo que ha evidenciado la necesidad de empoderamiento de estas poblaciones a través del desarrollo de los recursos humanos y su capacidad institucional. Su conocimiento indígena4 también ha sido subestimando, obviando que ellos son quienes mejor conocen la zona en la que habitan con todas sus particularidades.
Asimismo, los análisis dejaron de lado la especial importancia de la mujer como pilar fundamental de la alimentación en los hogares rurales, y por ello mismo un usuario principal en el uso y gestión de los recursos. Esto también ha puesto de manifiesto que la cuestión del género no parece entrar en el debate en torno a los asuntos medioambientales. Las comunidades y población rural continúan representados como grupos sin diferenciar, y la subordinación de las mujeres continúa siendo enmascarada tras las consideraciones de género ciegas.
Estas iniciativas de gestión compartida han conseguido, pues, menos de lo que se esperaba, ya que además no han implicado una transferencia de poder a la población. Se ha tratado, en definitiva, de una estrategia de “lavado de imagen”, lo que ha evidenciado que construir la capacidad de la población rural pobre para actuar como socio efectivo es mucho más costoso.
Pese al fracaso de los intentos de cogestión en el país, ha surgido con fuerza un nuevo concepto: la asociación comunitaria-pública-privada. Los defensores de este nuevo concepto alegan que el aparato estatal es inefectivo en muchas cuestiones rurales incluyendo la conservación y la gestión de recursos naturales; las comunidades no son lo suficientemente fuertes o poderosas para hacerlo (creen que las nociones de gestión basada en la comunidad no son realistas); y aseguran que la cogestión entre las personas y el Estado tampoco va a triunfar porque es una alianza de débiles. Estos argumentos responden a las intenciones de aquellos que pretenden acelerar el desarrollo rural a través de la inserción del sector privado, mientras se maximizan la participación y los beneficios de los residentes locales. Sin embargo, la sinceridad y efectividad de este último argumento han sido cuestionadas.
Conclusiones
Los países de África subsahariana se enfrentan a un inmenso desafío. Durante las próximas décadas será necesario, por lo menos, duplicar los rendimientos agrícolas para producir más alimentos para una población en crecimiento, al tiempo que se combate la pobreza y se recupera la fertilidad de unos suelos degradados. Los riesgos aparejados al cambio climático hacen que esta tarea sea aún más desalentadora.
Ahora más que nunca el continente africano se ha convertido en el objetivo de multinacionales y estados extranjeros que están comprando grandes extensiones de terreno ante un futuro colapso del mercado de materias primas. Un colapso que tiene diferentes orígenes: en primer lugar, la demanda progresiva de los países desarrollados debido a su modelo productivo y de consumo; en segundo lugar, la mayor independencia de los países de América Latina, que se someten a procesos de nacionalización de recursos y controles de los mismos, más férreos. Esto hace que los inversores extranjeros, sobre todo empresas y estados, redirijan sus miradas hacia territorios más “dóciles”.
Las experiencias llevadas a cabo muestran que el mejor desarrollo es aquel que tiene en cuenta el contexto no sólo natural sino humano (social, económico y cultural) y que las poblaciones locales deben ser actores activos en estos procesos de desarrollo. Esto implica un necesario cambio en las políticas de lucha contra la pobreza, que incluya los bosques entre sus objetivos prioritarios pero que también se centre en la mejora de las condiciones de vida de las personas que no pueden elegir vivir en áreas forestales, que quieren vivir allí, o que no tienen otra alternativa que seguir haciéndolo. El fin último debe ser crear redes de seguridad y no trampas de pobreza.
No es posible una gestión gubernamental centralizada, como tampoco lo es un modelo uniforme de gestión, aunque esta la lleve a cabo la propia comunidad rural. Se deben tener en cuenta las diferencias demográficas, económicas, y educacionales de cada zona, así como las divergencias de género, edad o posición social en cada una de las comunidades. Una adecuada gestión compartida entre el Estado y los actores locales será la llave para el equilibrio entre la conservación de la biodiversidad y las formas de vida de los autóctonos. La creación de reservas y áreas protegidas solo resultará efectiva si persigue la doble sostenibilidad: el bienestar de las personas y sus medios de vida y la conservación de la biodiversidad.
La realidad de los desplazamientos de muchas poblaciones ha demostrado el fracaso en lograr ese balance entre conservación y alivio de la pobreza. Para lograr el éxito es necesario que exista un deseo político, una financiación adecuada y una capacidad institucional que logren crear alternativas, así como tratar de fomentar la participación de los reasentados. Esta responsabilidad recae tanto en los órganos nacionales y locales como en las ONG internacionales5, que además de luchar por la conservación han de adoptar garantías sociales ante los desplazamientos o los acaparamientos cuestionables. La comunidad internacional también debe abogar por establecer la doble sostenibilidad.
En cuanto a las políticas de gerencia de las áreas forestales, deben reconocer los vínculos entre el bosque y los gobiernos locales, así como analizar las causas del descenso de poder de las autoridades tradicionales para poder involucrarlas de nuevo en la gestión de los bosques. Para ello es fundamental evitar las ambigüedades de propiedad y derecho de acceso. Así, prevenir también el acceso abierto a los recursos y su sobreexplotación. Todo este proceso necesita además un análisis real que tenga en cuenta el verdadero valor de los recursos del bosque, sobre todo el de las plantas medicinales, que en los últimos años se han convertido en uno de los bienes más preciados, y que además incluya de manera transversal la cuestión de género. Es sumamente importante que exista igualdad de género en cuanto al acceso y gestión de estas áreas para lograr resultados equitativos y justos, y, en definitiva, una verdadera paliación de la pobreza.
Las áreas forestales deben ser vistas, además de como un espacio de necesaria conservación, como un sistema integral de uso múltiple muy viable económicamente para el bienestar de familias, comunidades y culturas. El hecho de que su valor potencial se esté devaluando por la degradación de los recursos y la transformación de la tierra supone un gran coste no sólo para la población del lugar, sino también para el país en general, tanto social como medioambientalmente.
Asimismo, se hace indispensable la ampliación de esfuerzos por el uso de sustitutos de los productos del bosque para hacer que la presión sobre esos recursos disminuya. Un buen modo de promover esos cultivos es la creación de subsidios por su implementación. La investigación etnofarmacológica y/o biosistemática puede ser una vía para mostrar que sin innovación no hay sostenibilidad.
¿Serán los estados africanos capaces de proteger sus espacios naturales sin que esto suponga la restricción del acceso a los recursos de sus habitantes? ¿Podrán trazar una estrategia de gestión compartida que ayude a lograr el ansiado desarrollo de estas comunidades? ¿Podrán conservar sus propios recursos ante la presión de los mercados? Estas son las grandes cuestiones y retos a los que se enfrenta el continente. Sea como fuere, la participación política de las poblaciones se convierte en una condición sine qua non para una verdadera salida de la pobreza y una condición no negociable en la lucha contra la degradación ambiental.
Notas
1 Constituyen el 18,5% de los 1.300 millones de personas que viven en áreas ambientalmente frágiles (zonas áridas, pendientes, suelos pobres y ecosistemas forestales).
2 Non-timber forest products (NFTP).
3 Científico social estadounidense-rumano que introdujo enfoques sociológicos y antropológicos en el Banco Mundial.
4 Entendido aquí como el conocimiento tradicional o local, en contraposición al sistema de conocimiento internacional u occidental, que es generado en universidades y centros de investigación gubernamental o en el seno de la industria privada. Se trata de un conocimiento que ya fue fracturado durante la época del colonialismo y que actualmente tiende a ser ignorado.
5 Reciben la media de 1.000 millones de dólares anuales para su causa.
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